La importancia de la recuperación de la memoria histórica para la recuperación del tejido social y la exigibilidad de derechos.

La importancia de la recuperación de la memoria histórica para la recuperación del tejido social y la exigibilidad de derechos, sustenta sus bases en el concepto de la cognición social. Este concepto basa su metodología en los avances forjado por las ciencias de la información y la neurociencia, con el fin de estudiar procesos psicológicos como la memoria en este caso y su influencia en las ciencias sociales, marcando la interdependencia que existe entre la cognición social y la misma acción social. Así el contexto social tomará importancia en los estudios de los procesos psicológicos en la medida que influirá en las interpretaciones que la persona dará de la situación, y de cómo las personas contextualizadas tratarán de pensar el problema con la intención de resolverlo e intentar actuar en él. Específicamente el trabajo de la memoria como proceso en la cognición social buscará la reconstrucción del pasado en el presente con la intención psicológica de reconstruir la historia a partir de un recuerdo colectivo, centrado en acontecimientos tanto personales como colectivos. Así la memoria será un paso fundamental en la obtención de un grado mayor de salud mental que permita confirmar la identidad personal y colectiva de la comunidad involucrada y con esto reparar el tejido social rasgado por la mentira institucionalizada y la polarización social.

La comisión de la verdad que arrojo sus resultado en 1995, buscaba justamente realizar el proceso de recuperación de la memoria histórica, con el fin de esclarecer los hechos y dar cuenta de la realidad social que se había vivido, en tanto como ideología buscaba dar de baja la mentiras del estado y la eximición de culpas que pretendían mantener, dando como resultado una institucionalización de la verdad.

El recuerdo de los hechos históricos dará lugar a entender y significar los acontecimientos. Será entonces de vital importancia para los que quedaron, para los que perdieron a alguien en la masacre, entender que sucedió, como, cuando, donde, a quienes y fundamentalmente por qué, con el fin de poder re orientar sus propias vidas en función de la verdad; pero será la ausencia de respuestas y las mentiras aquellas que forjarán el fatalismo y el trauma psicosocial. La exigencia del olvido ante la aparición de la verdad como una condición para la recuperación social se basa en tres razones que tienen los victimarios: la continuación de su ejercicio de poder, la apropiación del imaginario colectivo en la medida de la prórroga del poder que permitirá continuar la manipulación de la verdad y los esfuerzos de reducir la salud mental. El olvido será igualmente ideológico. Negar el pasado buscará la construcción sin arraigo del futuro que crecerá de manera inconsciente a la verdad, en el deseo de encubrir y mantener la impunidad de la mentira institucionalizada y la fabricación de recuerdos autoimpuestos en un imaginario controlado que busca dejar mejor parado a los victimarios que se excomulgan de la verdad.

Así, de nuevo, la importancia de la memoria histórica radicará en recatar el presente y la significación de los hechos pasados, con la importancia que tienen y tendrán en el discurso y la actualidad. Se re significará los eventos encubiertos y las mentiras planeadas con el fin de revelar el verdadero significado.

Tal como plantea Leone citado en Gaborit, 2006:

«La memoria entendida como acto de responsabilidad hacia el pasado introduce, de hecho, la dinámica de la relación entre las generaciones, y evidencia, la responsabilidad subjetiva de deber ejercitar una transmisión de contenidos a los sujetos que vengan detrás, con todo el peso de la incertidumbre y el riesgo que tal proceso, por su naturaleza selectiva, conlleva» (p. 15).

Frente a lo anterior es importante señalar que en el caso de la masacre de Trujillo, las víctimas, en su mayoría eran agricultores inocentes que pagaron con sus vidas el habitar un territorio influenciado por el conflicto armado, así pues, se puede identificar alrededor de esta situación como las familias de las víctimas en su mayoría, abogan por mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos fallecidos en la masacre, de manera que muchas de estas familias y la comunidad en general se impone la meta de limpiar el nombre de sus miembros y de devolverles la dignidad que se les ha sido robada. En función de lo anterior, se ha identificado que se ha brindado cierto privilegio a los victimarios y su memoria, en contraposición con las víctimas, esto identificado en leyes como la 975 del 2005 sobre el proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil de paramilitares (Moreno, 2011).

Además, se debe señalar que al hablar de memoria histórica y recuperación del tejido social, es importante recapitular los hechos acontecidos, de manera que se narre el papel real que jugaron todos los implicados en la situación, tanto las víctimas como victimarios, en los últimos encontrándose responsabilidad de las fuerzas militares y organismos del estado, identificándose la modificación u omisión de los hechos en los medios televisivos e impresos, dándole un papel preferencial a los victimarios como se nombró anteriormente y librándose de culpa u ocultándose la que tuvieron las fuerzas militares, permitiendo el desarrollo de los hechos, de manera que se vuelve rutina o naturaliza este tipo de violencia que acontece en la sociedad colombiana (Moreno, 2011).

Así pues, debe agregarse que la masacre de Trujillo sigue impune, al no existir ningún tipo de fallo condenatorio hacia los victimarios de esta situación, pese que la fiscalía confirmo las ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo en contra de los campesinos que fueron acusados de guerrilleros y asesinados por paramilitares y narcotraficantes. Es por esto que se debe resaltar que por más que se ha realizado un proceso de recuperación de la memoria histórica de esta población, es importante esclarecer la veracidad de los hechos, para poderse garantizar los derechos de las víctimas de esta masacre, en búsqueda de la justicia, para garantizarse de esta manera la reparación integral que propone la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Moreno, 2011).

Frente a lo anterior, cabe resaltar que alrededor de la masacre de Trujillo se ha llevado a cabo un proceso de recuperación de la memoria histórica en el cual se encuentra la construcción del monumento a la víctimas de esta masacre que fue financiado por el estado, el cual brindo recursos permitiendo a las víctimas, de la mano con ONG’s construir un parque en el cual trasladaron los osarios de 90 de estas víctimas, poniéndoles placas su nombre y una ilustración en relieve de los oficios que realizaba, con el objetivo de devolverle la integridad a estas personas y eliminar el estigma de su papel de colaboración con las guerrillas. Además, se construyó una capilla y mausoleo en la cual se encuentran los restos del padre Tiberio Fernández, al cual se realiza una peregrinación anual. Por otro lado, es importante agregar que como iniciativa de un personaje perteneciente al Ministerio de la Cultura, se diseñaron unas balsas de guadua que constaban de una vela en la cual se encontraban los rostros de las víctimas, las cuales fueron arrojadas al rio Cauca, con la finalidad de colaborar con este proceso de duelo y reparación de las familias de las víctimas; alrededor de esta actividad también se desarrollaron talleres a los pobladores (Moreno, 2011).

Así pues, alrededor de lo nombrado anteriormente cabe señalar la ley 1448 del 2011 o ley de reparación de víctimas, brinda a los ciudadanos colombianos el derecho a la verdad, justicia y reparación con garantía de no repetición, de manera que se les reconozca su condición de víctima y dignifique a través de la materialización de los derechos constitucionales (Ley 1448, 2001). Es por esto que para recuperar el tejido social de esta población, es importante realizar un proceso de reparación de las víctimas que incluya la recuperación de la memoria histórica a partir de la reconstrucción de los hechos, en donde se narre la situación de manera verdadera, con la finalidad de limpiar el nombre de las víctimas y realizar el debido proceso de restauración, en donde se imputen las debidas consecuencias a los victimarios, que no son solamente los narcotraficantes o paramilitares, sino que también se obligue al Estado a asumir la debida responsabilidad en esta situación.

Esto último permitiendo a esta población el fortalecerse y empoderarse, recuperando la confianza en la fuente de organización del país, que en este caso es el Estado y logrando asumirse como una comunidad fructífera que atravesó una situación debido a su susceptibilidad perteneciente a su ubicación territorial, a partir de la cual se le adjudicó la supuesta pertenencia o colaboración a grupos armados al margen de ley. Frente a esto, es importante brindar la capacidad de duelo y reconstrucción de los hechos ejecutando los debidos procesos en los cuales se trabaje con los victimarios, permitiéndosele a la comunidad, ser partícipe de este proceso en el cual deben de llevarse a cabo las debidas acciones legales junto con la respectiva restauración psicológica y moral. 

Referencias

Gaborit, M. (2006). Memoria histórica: Relato desde la víctimas. Pensamiento Psicológico, 2, (6), 7-20.

Congreso de la Republica. (10 de junio el 2011). Ley de víctimas. [Ley 1148 de 2011]. DO: 48096.

Gaborit, M. (2006). Memoria histórica: Relato desde la víctimas. Pensamiento Psicológico, 2, (6), 7-20. 

Moreno, D. (2011). Volver la mirada a Trujillo y El Salado: impunidades, silencios y batallas por la memoria. Recuperado de http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2011/10/mesa_22/moreno_mesa_22.pdf





PRODUCTO 

"Recuperación de la memoria histórica para la recuperación del tejido social "Masacre de Trujillo""

Sistematización del Caso: La masacre de Trujillo

Para comenzar, la masacre de Trujillo es el nombre que se le adjudica a la serie de hechos que acontecieron en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolivar entre las fechas de 1986 y 1994. En relación a lo anterior, es importante señalar que las décadas de los 80’s y 90’s en Colombia se caracterizan por ser periodos de guerras y masacres en los cuales se degrada el conflicto armado del territorio siendo la principal víctima la población civil (Moreno, 2011). De igual manera, es importante resaltar que es en este mismo periodo cuando el narcotráfico empieza a financiar los grupos armados colombianos al igual que surgen las AUC como medio de supuesto control y erradicación de estos grupos, presentase una notoria inactividad o falta de control de los organismos públicos de poder en estas situaciones (Patiño, 2012).

Desde esta perspectiva es importante iniciar contextualizando al lector alrededor de los municipios en los cuales sucedieron los hechos. Trujillo, Riofrío y Bolivar son municipios ubicados en el Valle del Cauca, siendo caracterizadas la época de 1800 y 1900 principalmente por el trabajo en el campo al ser sectores rurales. Tal y como se agregó anteriormente, este periodo temporal en Colombia se caracterizó por la violencia propiciada por los grupos armados ilícitos del país, siendo más proclives a ser afectados o a generar lazos con estos grupos armados aquellas poblaciones que se encontraban ubicadas en territorios rurales y con ubicaciones estratégicas para el cultivo. En función de lo anterior, es importante señalar que la razón por la cual se desarrollaron estas masacres es debido a la creencia de la existencia de lazos entre la población de estos municipios y el ELN, de manera que el Estado, como acto de contrainsurgencia, genera una alianza entre el narcotráfico y las fuerzas de seguridad como la policía y el ejército realizando una gran masacre en la región (Melo, 2008; Moreno, 2011; Silva-Cañavelar, 2012).

En este orden de ideas, es importante señalar que estos actos delictivos constaron de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres entre las cuales se encontraban muchas torturas pertenecientes al narcotráfico en las cuales se encuentra la mutilación de los cuerpos de las víctimas, uso de motosierras y la acción de arrojar cadáveres o sus fragmentos al rio Cauca. Además, es importante señalar que estos hechos se desarrollaron de tal manera que se generalizo una estrategia en la cual se realizaban homicidios selectivos y desapariciones en lugares y momentos distintos evitándose así el establecimiento de conexiones entre estos, impidiendo el reconocimiento público de estos hechos como una causa única. En esta masacre fueron cometidos aproximadamente 245 homicidios (Melo, 2008; Silva-Cañavelar, 2012).

En función de lo anterior, es importante señalar que el impacto psicosocial  en la población parte desde cuestiones más económicas como la generación de pobreza debido al asesinato de individuos fundamentales para familias en cuestiones de producción, al igual que el asesinato de personajes claves para las comunidades como enfermeras, sacerdotes, dirigentes políticos, comerciantes, entre otros. En relación a lo anterior, es importante señalar que una de las personas asesinadas fue el padre Tiberio Fernández que era un líder de la comunidad y organizados de las cooperativas de campesinos, el cual fue señalado como perteneciente a las guerrillas debido a su crítica hacia hechos que se encontraban sucediendo en la comunidad, de manera que fue torturado, asesinado y lanzado al rio Cauca (Melo, 2008; Moreno, 2011). 

Además, es importante señalar que el número de personas desplazadas es alto, generándose una ruptura en las redes sociales de estas comunidades y una obligatoriedad a migrar a la cuidad. Asimismo, al identificarse las autoridades como agentes activos en estos hechos, se generó una alta desconfianza de la población hacia estos grupos, de manera que actualmente los conflictos que se presentan en estos municipios no se resuelven o se pasan por alto. Por otro lado, la incapacidad de poder recuperar los cadáveres de las personas asesinadas y la profanación de estas, impide el proceso de duelo de estos individuos, de manera que las víctimas no han podido elaborar su proceso de duelo teniendo heridas abiertas y una gran incapacidad de recuperar su memoria histórica y dignidad de su comunidad (Melo, 2008; Moreno, 2011). 

A partir de la anterior contextualización es posible analizar los roles de víctimas y victimarios, las consecuencias en la comunidad y el papel del estado en los acontecimientos previamente descritos, al tiempo que es posible establecer una relación directa entre cada uno con los conceptos de violencia, poder, fatalismo, el ya nombrado trauma psicosocial y la mentira institucionalizada. Así las víctimas de esta masacre serán directamente los miembros de la comunidad (Martín-Baró, 2000) de cada uno de los municipios implicados al tiempo que la violencia, en su trasfondo ideológico (Martín-Baró, 2000), como un intento de acabar con las fuerzas de ELN, el estado realiza la alianza narcotraficante y con las nacientes AUC, dando inicio a la base del acto violento. Y Así el papel del estado empieza a realizar a hacer su aparición, en tanto como victimarios, buscaron reducir las culpas, dando explicaciones individuales de sus actos que culpaban los actos de los demás y explicaciones en masa que justificaban a unos muchos más, e intentando dejar atrás el peso del sistema social con sus normas y justificaciones acerca de los actos de violencia. Del mismo modo, el estado, en el ejercicio del poder, pasaron desapercibidos como una relación normal de estado-pueblo cuando de manera sutil se formó de manera violenta ante el sometimiento de los pueblos y sus miembros (Orellana, 2008). Igualmente, de una manera sutil, el poder va hundiendo más a aquellos que lo carecen y favoreciendo a aquellos que lo poseen (Orellana, 2008), y en el caso de los victimarios como las AUC, Diego Montoya y Henry Loaiza, fue la puerta de entrada ante la colaboración gubernamental que en los tiempos futuros les permitió expiar culpas antes la aceptación del gobierno de los hechos dado en la comisión de la verdad. Del mismo modo, el nacimiento reciente de la necesidad de una comisión de la verdad que pusiera en tela de juicio la memoria histórica de los actores de la masacre con el fin de enmarcar dentro de la verdad los hechos sucedidos en estos años, destaca la mentira institucionalizada, en cuanto el mismo gobierno en su intento de expiación de culpas y limpiarse las manos, se enmarco en la mentira y la polarización de la población al abdicar a la culpa a únicamente los grupos ilegales; y finalmente ha sido la verdad histórica la que ha salido a la luz a tumbado el intento de exculparse, teniendo que aceptar la culpa y pedir el perdón.

Ahora bien, el papel de la comunidad se enmarca dentro del fatalismo en la medida que las posteriores consecuencias demuestran la perpetuidad de la desigualdad sin el más mínimo atisbo de violencia, solo ideología (Orellana, 2008), en la misma creencia y desconfianza que la comunidad tiene ante las posibles acciones del estado futuro, y del mismo modo, al ponerlos en situaciones y contexto difíciles y de carencia, asumen que ese presente en el cual se encontraban será una situación existencial que no tendrá salida, a la cual  pertenecerán de manera indefinida en el tiempo y de la cual solo podría esperarse un desenlace fatal.

Referencias

Martín-Baro, I. (2000). La violencia política y la guerra como causas del trauma psicosocial en El salvador. En: Martín Baró, I. & Colab. (2000) Psicología Social de la Guerra. El Salvador: UCA Editores. Págs. 65-84

Melo, V. (2008). La masacre de Trujillo y los mecanismos del terror. Recuperado de http://www.semana.com/on-line/articulo/la-masacre-de-trujillo-los-mecanismos-del-terror/95142-3

Moreno, D. (2011). Volver la mirada a Trujillo y El Salado: impunidades, silencios y batallas por la memoria. Recuperado de http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2011/10/mesa_22/moreno_mesa_22.pdf

Orellana, C. (2008). La Obra de Ignacio Martín Baró: Conceptos Fundamentales 

Paz, O. A. (2004).  La tortura.  Efectos y afrontamiento.  Estudio Psicosocial.  Guatemala: ECAP.

Patiño, J. (2012). Violencia y conflicto armado en Colombia. Recuperado de https://latierrayelhombre.wordpress.com/2012/04/28/violencia-y-conflicto-armado-en-colombia/

Reed, M. (2013). Polarización Social. En: El Colombiano. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/polarizacion_social-PBEC_245956

Silva-Cañavelar, S. (2012). La violencia en Colombia: una perspectiva desde el arte. Revista nodo, 7(13), 43-56.

3. Análisis de la problemática escogida a la luz de los conceptos: Violencia, Polarización Social, trauma psicosocial y mentira institucionalizada.

A continuación se realizará el análisis de la problemática seleccionada a la luz de los conceptos de violencia, polarización social, trauma psicosocial y mentira institucionalizada. Para comenzar, la violencia se refiere al momento en el cual, cuando el poder desde la ideología pierde su influencia o incluso su mismo poder, aquellos con él optarán por el siguiente nivel: la tortura, la opresión política, el asesinato, la vida opresiva. Martín Baró destaca dentro de sus estudios la importancia de ver a la violencia más allá de un solo hecho que causa daño, si no como un compendió de trasfondo ideológico que será la base para el acto violento. Destacará la importancia de como el sistema busca reducir las culpas, da explicaciones individuales que culpan a unos pocos o explicaciones en masa que justifican a unos muchos más, dejan atrás el peso del sistema social con sus normas y justificaciones acerca de los actos de violencia (Orellana, 2008). 

Así, desde el conflicto armado colombiano es notable como entre los bandos enfrentados, la violencia se trata de un compendió ideológico, de aquello que cada uno de los está creyendo que es lo correcto y al mismo tiempo que es el deber ser de la manera como el país debería gobernarse y mantenerse. Es destacable además como ambos bandos dentro del conflicto intenta minimizar las culpas en función del daño que hacen a las victimas ajenas al conflicto, pero al mismo tiempo intentan hacer responsable a los otros, y así es como el gobierno culpa a los grupos armados ilegales, y estos al gobierno, en un círculo vicioso, que deja de lado y entierra la importancia y el impacto social, y buscan justificaciones para intentar evadir las normas y mecanismos que penalizan los actos violentos. 

Otra de las particularidades de la violencia es la evolución del conflicto armado colombiano tal como sucedió con el salvadoreño; así se pasó de una guerra mantenida por el terrorismo del estado, a una guerra dirigida por un orden militar (Martín-Baró, 2000). De este modo ahora es destacable como existen zonas militarizadas, tanto por el gobierno por un lado, como por los grupos armados por el otro lado, y así es como se conocen pueblos que ahora no están poblados por civiles, si no por los mismo grupos tanto legales como ilegales, en una guerra constante por la mejor ubicación que permita la mayor ocupación de los puestos claves que permitan una ventaja sobre el conflicto. Y a partir de esto, las ocupaciones se vuelven en el pretexto para realizar acciones militares aparentemente "justificadas" en función de acabar el conflicto pero que lo que realmente hace es perpetuarlo. 

Por su parte la polarización social se refiere a la identificación de las personas de la sociedad con alguno de los bandos del conflicto; será un proceso dirigido a que la sociedad tenga cierta identidad personal con el fin de generar dos opuestos bandos que son repelentes entre sí, y en la cual dependiendo de la extremidad de la posición, que podrá saber con qué bando se está: ellos o nosotros (Reed, 2013); en la misma línea, Martín-Baró (2000) describió a la polarización social como una condición psicológica necesaria para la guerra, al evitar que las personas hagan ejercicio de representación interiorizado, y así la polarización anula la conciencia de mentalidad o de sensibilidad, siendo el camino más fácil para justificar todas las acciones que podrían ser incluso ilegítimas. 

El mejor caso de una polarización social que puede tener nuestro conflicto armado fue el dado en el periodo de la presidencia Uribe, en la cual la sociedad colombiana se polarizo de manera radical a la ideología política imperante que buscaba acabar con los grupos armados ilegales, en tanto otro afianzaban su creencia de apoyo en estos. Del mismo modo hoy en día vivimos un proceso de polarización social, en cuanto aquellos que se oponen al proceso de paz como aquellos que están a su favor, y se nota como el gobierno colombiano y la fuerza armada han puesto en marcha planes que buscan ganar el seguimiento de los colombianos en base a los ideales de la supuesta paz a conseguir. Así mismo, en su momento, la polarización social fue evidente en el país en aquellos debates continuos en la época de los secuestros, en la cual ambos bandos enfatizaban el antagonismo constante del otro grupo, agrandando las fuentes del odio entre los grupos. El proceso de paz, que se supone busca la intensión de la despolarización social a la luz de la unión de ambos bandos por este fin, ha encontrado en los grupos opositores y quienes favorecen la nueva fuente de una futura polarización en el país. 

Desde las masacres, es evidente como la polarización social juega un papel fundamental, en tanto se justifican y se da incluso valor a las masacres que pueden surgir del conflicto entre ambos bandos, como un intento de continuidad del conflicto enmascarado en la solución del mismo. Las acciones son deshidratas de sus consecuencias y enmarcan dentro de lo legítimos como respuestas al opresor o al atacante, y las victimas quedan tanto vulneradas como desamparadas. Retomando el proceso de paz, la ilegitimación de las acciones de los grupos armados bajo el cobijo de la consecuencia de la paz, es la fiel muestra de la polarización social y de la anulación de la mentalidad y la conciencia de quienes lo apoyan a las consecuencias directas de las masacres y las confrontaciones del conflicto. 

Así pues, al abordar la problemática de las masacres en Colombia desde el concepto de trauma psicosocial es importante agregar que las masacres hacen parte de la memoria histórica de una determinada comunidad, de tal manera que el trauma generado en la misma en función de este hecho repercute en el tejido social, en el cual se hallan los sentidos y proyectos de vida de las personas pertenecientes a estas comunidades. Alrededor de lo anterior, es importante comentar que estos traumas, generan un impacto psicológico en las personas y los grupos, de tal manera que su funcionamiento normal se va a ver alterado. En este sentido, se debe comentar que estas comunidades nombradas anteriormente, cargan consigo una historia manchada de sangre y de dolor, en la cual se ha configurado un sentimiento de desconfianza y de temor constante, como se evidencia en las comunidades del Alto Naya, las cuales se sienten incapaces de regresar a su territorio originario a raíz del temor de ser nuevamente atacados (Ackermann, et al., 2005; Martín, 1999a, 1999b; Paz, 2004).

En este orden de ideas, es importante señalar que a la hora de trabajar con estas comunidades es importante hacerlo alrededor de la significación que se le ha atribuido a la situación traumática, que en este caso son las masacres, de manera que se pueda intervenir alrededor de las estructuras de poder, ya que la mayoría de estas situaciones se encuentran relacionadas no solo con grupos subversivos sino que también con grupos paramilitares y con la misma fuerza de seguridad encarada de mantener un supuesto orden en el país. Así pues, es importante agregar que las consecuencias de estas situaciones no solo han tenido repercusiones a nivel individual, sino que también estos sentidos asignados se instauran en los sentidos colectivos de estas comunidades (Ackermann, et al., 2005; Martín, 1999a, 1999b; Paz, 2004).

Es por esto que para lograr comprender estos significados, se debe indagar en la manera en la cual estas personas han significado estas situaciones, con la finalidad de identificar cual es el tejido social que se ha construido y poder repararlo, por medio del trabajo conjunto con estas comunidades que han sido afectadas a través del paso de sus generaciones debido al hecho que se carga en su memoria histórica.  En función de lo anterior, debe señalarse que este trauma psicosocial hace parte de la historia de la comunidad y de lo que es en un presente, de manera que se deben comprender las masacres como acontecimientos consecuencia de la violencia presentada en el país debido a las disputas del poder y territorio, comprendiéndose que han sido actos delictivos en los cuales se han cobrado víctimas inocentes o “mártires” que vivirán en la memoria de un pueblo y que deben resarcirse a partir de la ley de victimas vigente en Colombia.

Por último, en función del concepto de mentira institucionalizada, es importante señalar que este término hace alusión a la imposición de una realidad a una comunidad, que es ajustada a conveniencia de los organismos de control, con la finalidad de ocultar hechos en los cuales pueda verse afectada su reputación. En función de lo anterior, se instaura en las comunidades sentimientos de desconfianza hacia estor organismos de control e instituciones públicas, de manera que estas imposiciones se implementan en la cotidianidad de estas personas, como medio de supervivencia, incorporándose en su realidad como una imposición (Gaborit, 2006).

En relación a lo anterior, es importante señalar que a la luz de las masacres realizadas en el contexto colombiano, se encuentra una notable falta de información alrededor de los verdaderos victimarios y de las razones que los llevaron a esto, de manera que en los noticiarios y diarios del país, se utiliza la técnica de “cortina de humo” en la cual se ha adjudicado constantemente estos asesinatos a los grupos subversivos más conocidos del país que son las Farc y el ELN, de manera que por años se ha dejado impune a grupos armados como lo son las AUC (paramilitares) y la misma fuerza pública que ha sido partidaria de muchas de estas masacres (García-Arboleda, 2010).

Es por esto, que es de suma importancia tener en cuenta que las comunidades, a partir de su memoria histórica que es transmitida de generación en generación, guardan los conocimientos reales alrededor de los sucesos acontecidos en su territorio y que afectaron a sus familias y personas más cercanas. Así pues, se señala que estos individuos poseen gran desconfianza hacia los organismos de control del país puesto que se han “maquillado” u ocultado los hechos reales que se han generado en estas comunidades, generándose una desconfianza hacia el estado y la fuerza pública que ha sido cómplice o no ha evitado la sucesión de estos hechos. Por ultimo, es importante señalar, que alrededor de este concepto y de la problemática elegida, es común en el territorio colombiano la existencia de este tipo de situaciones en las cuales se quedan impunes ante hechos delictivos, en la medida que a los organismos de control no les conviene que su reputación se vea afectada por encontrarse relacionados con determinadas situaciones delictivas acontecidas en el país, así pues, situaciones como estas quedan olvidadas o son modificadas, ocultándose los hechos reales que son propiciados en ocasiones por grupos que han sido creados por estos organismos (paramilitares) y que trabajan de la mano de grandes terratenientes con el fin de poseer mayor número de territorios y de producto bruto interno PBI. 

Referencias

Ackermann, S., Domínguez, M., Soto, N., Kjaerulf, F., Berliner, P., y Mikkelsen, E. N.  (2005). Psycho-social support to large numbers of traumatized people in post-conflict societies: An approach to community development in Guatemala.  Journal of Community and Applied Social Psychology, 15, 136-152. 

Gaborit, M. (2006). Memoria Histórica: Relato desde las víctimas. Pensamiento Psicológico, 2(6), 7-20. 

Martín-Baro, I. (2000). La violencia política y la guerra como causas del trauma psicosocial en El salvador. En: Martín Baró, I. & Colab. (2000) Psicología Social de la Guerra. El Salvador: UCA Editores. Págs. 65-84

Martín Beristain, C.   (1999a). Reconstruir el tejido social.  Barcelona: Icaria.

Martín Beristain, C.  (1999b). Afirmación y resistencia.  La comunidad como apoyo.  En P. Pérez Sales (coord.), Actuaciones psicosociales en guerra y violencia política.  Madrid: Exlibris

Orellana, C. (2008). La Obra de Ignacio Martín Baró: Conceptos Fundamentales 

Paz, O. A. (2004).  La tortura.  Efectos y afrontamiento.  Estudio Psicosocial.  Guatemala: ECAP. 

Reed, M. (2013). Polarización Social. En: El Colombiano. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/polarizacion_social-PBEC_245956

2. Descripción de la situación de dicha problemática en el país.

Para hablar de las masacres que han sido generadas en el contexto colombiano es importante partir de un recorrido histórico que se delimita en un periodo previo a la violencia en Colombia y uno posterior. Para comenzar, es importante nombrar la masacre de las bananeras que aconteció en 1928 en el Magdalena, la cual surgió a raíz de la huelga generada por los trabajadores de la United Fuit Company los cuales buscaban a partir del sindicato, mejorar sus condiciones de trabajo. Tras dos días de huelga con un gran número de empleados en ella, el gobierno colombiano se hizo cargo de esta situación, abriendo fuego contra estos individuos y asesinando a un gran número de estos trabajadores (Cortés, 2009; Leiteritz, Nasi y Rettberg, 2009).

A continuación se hace alusión a la época de la violencia en Colombia puesto que es en esta donde acontecen los hechos más violentos y el mayor número de víctimas en el territorio. Frente a lo anterior es importante señalar que Colombia ha sido un país que ha vivido alrededor de 60 años atravesado por una dinámica de violencia en la cual se encuentran diferentes intereses a nivel económico, político y social y que se han visto marcados en su mayoría por el narcotráfico. En este sentido, se hará alusión a las masacres mas significativas y con mayor información encontrada desde fuentes confiables, agregándose que son demasiadas las masacres que se han llevado a cabo en el territorio colombiano pero en las cuales no se ha ahondado. 

En este orden de ideas, es importante resaltar que esta historia de la violencia en colombia inicia entre 1930 y 1947 con la lucha entre los partidos políticos liberales y conservadores en los cuales se debatían cuestiones como son las ideologías, la religión, el poder, entre otros. Así pues, surge el segundo periodo entre 1948 y 1953 en el cual se enfrentan los campesinos alrededor de dos bandos, los liberales y los conservadores creándose las guerrillas que eran grupos al margen de la ley y los pájaros. A continuación, inicial el periodo entre 1953 y 1957 en el cual se establece el régimen del dictador Rojas Pinilla en el cual las guerrillas liberales regresan al campo. Además, surge el periodo entre 1957 y 1960 en el cual se solidifican las guerrillas liberales influenciadas por la revolución cubana e ideologías marxistas, leninistas, entre otras como son Las FARC, el ELN y el EPL. Por último, entre 1996 y el 2006 se consolidan formalmente las Autodefensas Unidas de Colombia AUC que son grupos de extrema derecha, también llamados paramilitares (Patiño, 2012).

Alrededor de lo anterior es importante señalar que las guerras y enfrentamientos entre estos grupos armados han tenido como consecuencia la generación de un sinnúmero de masacres en Colombia, las cuales se han caracterizado principalmente por una lucha entre bandos por el poder político, económico y social. Frente a esto, es importante resaltar que estos enfrentamientos se han presentado principalmente en el área rural, produciendo un gran número de víctimas a costa del uso de la violencia y las armas. Así pues, a continuación se realizará un recorrido histórico en función de las masacres más significativas en el contexto colombiano.

Para comenzar, es de gran importancia nombrar las masacres cometidas en el territorio de Urabá entre los años 1988 y 2002 tanto por los paramilitares como por las guerrillas, de lo cual se puede resaltar la incursión de los primeros en el año 1988. En este territorio se llevaron a cabo 103 masacres aproximadamente cada dos meses que cobraron 697 víctimas. Estas masacres se caracterizaron por ser en su mayoría pequeñas y dirigirse principalmente a víctimas que fueran militantes políticos (Suárez, 2007).

En relación a lo anterior, es importante señalar la masacre de Segovia, acontecida el 11 de noviembre de 1988 y que tuvo como consecuencia más de 40 personas asesinadas y aproximadamente otras 100 heridas. Esta masacre fue protagonizada por las Farc, el ELN en complicidad de la policía y el ejército y surgió debido al interés por el territorio en el cual se encontraba, siendo uno de los primeros productores de oro (García-Arboleda, 2010).

Para continuar, es importante nombrar la masacre de La Rochela que es un municipio colombiano ubicado en Santander. Esta masacre aconteció el 18 de enero de 1989 llevado a cabo por un grupo paramilitar en el cual las víctimas fueron aproximadamente 15 funcionarios judiciales que se encontraban investigando en el momento delitos judiciales en el municipio. Este crimen sucedió como una alianza entre los paramilitares, narcotraficantes y miembros del ejército (García-Arboleda, 2010).

Así pues, se hace alusión a la masacre de Mapiripán que es un municipio del Meta, la cual ocurrio entre el 15 y 20 de julio de 1997 y alrededor de la cual no se conoce el número exacto de victimas. Esta masacre fue producida a mano de paramilitares originarios de diversas partes del país, lográndose identidicar a las AUC como los victimarios; el objetivo de esta masacre era culminar trabajos relacionados con la fumigación de plantaciones de coca, siendo un trabajo coordinado junto con la policía antinarcóticos y con la finalidad de dar una lección a las guerrillas (García-Arboleda, 2010).

Otra de las masacres acontecidas en el territorio colombiano fue la masacre del Alto Naya en abril del 2001 por 500 hombres de las AUC los cuales atacaron estas comunidades bloqueando el acceso a la región en sus celebraciones religiosas. En este acontecimiento fueron asesinadas aproximadamente 40 personas de comunidades afro, indígenas y campesinas con el fin de dar un mensaje en el cual se quería dar a entender a estos individuos que se encontraban ubicados en una zona de explotación minera que era de interés de comerciantes. Además de lo anterior, 3.500 personas huyeron de este territorio debido a las amenazas de las AUC (Jimeno, Castillo y Varela, 2009).

Alrededor de lo anterior, es importante resaltar que actualmente en Colombia se ha firmado el tratado de paz con las Farc, lo cual implica un proceso en el cual se dejaran las armas y se generara una reintegración de estos individuos a la sociedad. Así pues, es importante señalar que el proceso de memoria histórica y la reparación que se debe llevar a cabo con las víctimas y que se encuentra estipulado en la ley de victimas colombianas el cual con sus principios y su fin de reparar estos resarcimientos a las víctimas propone  el derecho a ser reparadas de manera adecuada, efectiva y transformadora diferenciada por el daño, incluyendo la restitución de tierras, medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnizaciones monetarias y garantías de no repetición en las dimensiones individuales, colectivas, moralistas y jurídico políticas las cuales solo tienen en cuenta a víctimas de desplazamientos posteriores al primero de enero de 1991, gran limitación en torno a las víctimas que fueron violentadas en momentos anteriores.

Referencias

- García-Arboleda, J. (2010). Los recuerdos encubridores y la representación de la violencia en la verdad institucional: el registro fotográfico de la revista Semana de la violencia paramilitar en Colombia. Universitas humanística (69), 185-207.

- Leiteritz, R., Nasi, C. y Rettberg, A. (2009). Para desvincular los recursos naturales del conflicto armado en Colombia. Revista Colombia internacional (70), 215-229.

Cortés, C. (2009). Recolecciones sonoras y visuales de escenarios de memorias de la violencia. Revista Antipoda (9), 165-197.

- Jimeno, M., Castillo, Á. y Varela, D. (2009). A los siete años de la masacre del Naya: la perspectiva de las víctimas. Anuario Antropológico, 2, 183-205.

- Patiño, J. (2012). Violencia y conflicto armado en Colombia. Recuperado de https://latierrayelhombre.wordpress.com/2012/04/28/violencia-y-conflicto-armado-en-colombia/

- Suárez, A. (2007). La servicia en las masacres de la guerra colombiana. Análisis político (63), 59-77.

1. Conceptualización teórica de la problemática, retomando los lineamientos referenciados por el Derecho Internacional Humanitario

La Real Academia de la Lengua Española, define el termino de masacre como la matanza de personas, que están por lo genera indefensas, y que es producida por un ataque armado o una causa parecida. Su especificidad radica en la diferencia y desigualdad de poder entre los victimarios y las victimas, recalcando el papel de vulnerabilidad de las víctimas (RAE, 2014).

Por otro lado, el derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, basado en razones humanitarias, trata de limitar los efectos que tiene un conflicto armado, específicamente. Busca proteger a las personas que no participan del conflicto ni de los combates pero que son víctimas directas o indirectas de él (CICR, 2004).

Pero ¿a qué se refiere con conflicto armado específicamente? Se refiere a cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplicar de manera igual a todas las pares, sin tener en cuenta quien lo inicio, y no participa cuando se trata de tensiones internas ni disturbios al interior del país (CICR, 2004).

Las masacres originada del conflicto armado Colombiano tendrían aparente cobijo por parte del derecho internacional humanitario, pero así mismo el DIH no plantea ninguna regulación específica respecto a este, e incluso no se declara como un delito penal en los tribunales internacionales.

A partir de la clasificación del derecho internacional sobre los conflictos armados, Colombia específicamente tendría un conflicto armado sin carácter internacional, dado que el enfrentamiento es de carácter exclusivo al interior del país.

A raíz de lo anterior, aunque el DIH no exponga una regulación o referencia explícita a las masacres, la característica consecuencial del conflicto armado colombiano, las transforma en un eje central de protección por su parte, y así mismo el trabajo en la protección de las víctimas; y a partir de esto indagar en las restricciones armamentales y de técnicas militares que se tienen al interior con el fin de prever y cumplir con la protección de los involucrados. 

Referencias

CICR. (2004). ¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario?. Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario. Recuperado de: file:///D:/Downloads/dih.es_.pdf

RAE. (2014). Masacre. Diccionario de la lengua española, 23a ed. Edición del Tricentenario, [en línea]. Recuperado de: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=b4tRz1PgjDXX2TRxnWBf