Sistematización del Caso: La masacre de Trujillo

Para comenzar, la masacre de Trujillo es el nombre que se le adjudica a la serie de hechos que acontecieron en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolivar entre las fechas de 1986 y 1994. En relación a lo anterior, es importante señalar que las décadas de los 80’s y 90’s en Colombia se caracterizan por ser periodos de guerras y masacres en los cuales se degrada el conflicto armado del territorio siendo la principal víctima la población civil (Moreno, 2011). De igual manera, es importante resaltar que es en este mismo periodo cuando el narcotráfico empieza a financiar los grupos armados colombianos al igual que surgen las AUC como medio de supuesto control y erradicación de estos grupos, presentase una notoria inactividad o falta de control de los organismos públicos de poder en estas situaciones (Patiño, 2012).

Desde esta perspectiva es importante iniciar contextualizando al lector alrededor de los municipios en los cuales sucedieron los hechos. Trujillo, Riofrío y Bolivar son municipios ubicados en el Valle del Cauca, siendo caracterizadas la época de 1800 y 1900 principalmente por el trabajo en el campo al ser sectores rurales. Tal y como se agregó anteriormente, este periodo temporal en Colombia se caracterizó por la violencia propiciada por los grupos armados ilícitos del país, siendo más proclives a ser afectados o a generar lazos con estos grupos armados aquellas poblaciones que se encontraban ubicadas en territorios rurales y con ubicaciones estratégicas para el cultivo. En función de lo anterior, es importante señalar que la razón por la cual se desarrollaron estas masacres es debido a la creencia de la existencia de lazos entre la población de estos municipios y el ELN, de manera que el Estado, como acto de contrainsurgencia, genera una alianza entre el narcotráfico y las fuerzas de seguridad como la policía y el ejército realizando una gran masacre en la región (Melo, 2008; Moreno, 2011; Silva-Cañavelar, 2012).

En este orden de ideas, es importante señalar que estos actos delictivos constaron de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres entre las cuales se encontraban muchas torturas pertenecientes al narcotráfico en las cuales se encuentra la mutilación de los cuerpos de las víctimas, uso de motosierras y la acción de arrojar cadáveres o sus fragmentos al rio Cauca. Además, es importante señalar que estos hechos se desarrollaron de tal manera que se generalizo una estrategia en la cual se realizaban homicidios selectivos y desapariciones en lugares y momentos distintos evitándose así el establecimiento de conexiones entre estos, impidiendo el reconocimiento público de estos hechos como una causa única. En esta masacre fueron cometidos aproximadamente 245 homicidios (Melo, 2008; Silva-Cañavelar, 2012).

En función de lo anterior, es importante señalar que el impacto psicosocial  en la población parte desde cuestiones más económicas como la generación de pobreza debido al asesinato de individuos fundamentales para familias en cuestiones de producción, al igual que el asesinato de personajes claves para las comunidades como enfermeras, sacerdotes, dirigentes políticos, comerciantes, entre otros. En relación a lo anterior, es importante señalar que una de las personas asesinadas fue el padre Tiberio Fernández que era un líder de la comunidad y organizados de las cooperativas de campesinos, el cual fue señalado como perteneciente a las guerrillas debido a su crítica hacia hechos que se encontraban sucediendo en la comunidad, de manera que fue torturado, asesinado y lanzado al rio Cauca (Melo, 2008; Moreno, 2011). 

Además, es importante señalar que el número de personas desplazadas es alto, generándose una ruptura en las redes sociales de estas comunidades y una obligatoriedad a migrar a la cuidad. Asimismo, al identificarse las autoridades como agentes activos en estos hechos, se generó una alta desconfianza de la población hacia estos grupos, de manera que actualmente los conflictos que se presentan en estos municipios no se resuelven o se pasan por alto. Por otro lado, la incapacidad de poder recuperar los cadáveres de las personas asesinadas y la profanación de estas, impide el proceso de duelo de estos individuos, de manera que las víctimas no han podido elaborar su proceso de duelo teniendo heridas abiertas y una gran incapacidad de recuperar su memoria histórica y dignidad de su comunidad (Melo, 2008; Moreno, 2011). 

A partir de la anterior contextualización es posible analizar los roles de víctimas y victimarios, las consecuencias en la comunidad y el papel del estado en los acontecimientos previamente descritos, al tiempo que es posible establecer una relación directa entre cada uno con los conceptos de violencia, poder, fatalismo, el ya nombrado trauma psicosocial y la mentira institucionalizada. Así las víctimas de esta masacre serán directamente los miembros de la comunidad (Martín-Baró, 2000) de cada uno de los municipios implicados al tiempo que la violencia, en su trasfondo ideológico (Martín-Baró, 2000), como un intento de acabar con las fuerzas de ELN, el estado realiza la alianza narcotraficante y con las nacientes AUC, dando inicio a la base del acto violento. Y Así el papel del estado empieza a realizar a hacer su aparición, en tanto como victimarios, buscaron reducir las culpas, dando explicaciones individuales de sus actos que culpaban los actos de los demás y explicaciones en masa que justificaban a unos muchos más, e intentando dejar atrás el peso del sistema social con sus normas y justificaciones acerca de los actos de violencia. Del mismo modo, el estado, en el ejercicio del poder, pasaron desapercibidos como una relación normal de estado-pueblo cuando de manera sutil se formó de manera violenta ante el sometimiento de los pueblos y sus miembros (Orellana, 2008). Igualmente, de una manera sutil, el poder va hundiendo más a aquellos que lo carecen y favoreciendo a aquellos que lo poseen (Orellana, 2008), y en el caso de los victimarios como las AUC, Diego Montoya y Henry Loaiza, fue la puerta de entrada ante la colaboración gubernamental que en los tiempos futuros les permitió expiar culpas antes la aceptación del gobierno de los hechos dado en la comisión de la verdad. Del mismo modo, el nacimiento reciente de la necesidad de una comisión de la verdad que pusiera en tela de juicio la memoria histórica de los actores de la masacre con el fin de enmarcar dentro de la verdad los hechos sucedidos en estos años, destaca la mentira institucionalizada, en cuanto el mismo gobierno en su intento de expiación de culpas y limpiarse las manos, se enmarco en la mentira y la polarización de la población al abdicar a la culpa a únicamente los grupos ilegales; y finalmente ha sido la verdad histórica la que ha salido a la luz a tumbado el intento de exculparse, teniendo que aceptar la culpa y pedir el perdón.

Ahora bien, el papel de la comunidad se enmarca dentro del fatalismo en la medida que las posteriores consecuencias demuestran la perpetuidad de la desigualdad sin el más mínimo atisbo de violencia, solo ideología (Orellana, 2008), en la misma creencia y desconfianza que la comunidad tiene ante las posibles acciones del estado futuro, y del mismo modo, al ponerlos en situaciones y contexto difíciles y de carencia, asumen que ese presente en el cual se encontraban será una situación existencial que no tendrá salida, a la cual  pertenecerán de manera indefinida en el tiempo y de la cual solo podría esperarse un desenlace fatal.

Referencias

Martín-Baro, I. (2000). La violencia política y la guerra como causas del trauma psicosocial en El salvador. En: Martín Baró, I. & Colab. (2000) Psicología Social de la Guerra. El Salvador: UCA Editores. Págs. 65-84

Melo, V. (2008). La masacre de Trujillo y los mecanismos del terror. Recuperado de http://www.semana.com/on-line/articulo/la-masacre-de-trujillo-los-mecanismos-del-terror/95142-3

Moreno, D. (2011). Volver la mirada a Trujillo y El Salado: impunidades, silencios y batallas por la memoria. Recuperado de http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2011/10/mesa_22/moreno_mesa_22.pdf

Orellana, C. (2008). La Obra de Ignacio Martín Baró: Conceptos Fundamentales 

Paz, O. A. (2004).  La tortura.  Efectos y afrontamiento.  Estudio Psicosocial.  Guatemala: ECAP.

Patiño, J. (2012). Violencia y conflicto armado en Colombia. Recuperado de https://latierrayelhombre.wordpress.com/2012/04/28/violencia-y-conflicto-armado-en-colombia/

Reed, M. (2013). Polarización Social. En: El Colombiano. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/polarizacion_social-PBEC_245956

Silva-Cañavelar, S. (2012). La violencia en Colombia: una perspectiva desde el arte. Revista nodo, 7(13), 43-56.